Por Alfredo Guevara
Aunque no se advierte que el “Plan B”, genere una modificación a la estructura institucional ni un impacto en las funciones o atribuciones sustantivas del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), si trasladará adecuaciones a la legislación electoral local, la Constitución y el Código municipal, dependiendo del número de habitantes por municipio.
De hecho, la ventana legal para las modificaciones a la legislación electoral del Estado, puede transitar hasta el 15 de junio, cuya fecha sería el límite para que el Congreso local, apruebe los cambios, entre estos, los que tienen que ver con la integración de síndicos y regidores en los ayuntamientos, consideró Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto.
Reveló que el “Plan B” de la reforma electoral, no habla de que se acoten los cargos de elección popular de mayoría relativa o de representación proporcional, “lo que dice es que los ayuntamientos estarán conformados por hasta 15 regidurías y una sindicatura”, precisó.
Explicó que, en Tamaulipas, hay municipios que trabajan con una sindicatura y otros que lo hacen con dos, además de ayuntamientos que van con una integración desde las seis, e inclusive hasta arriba de 20 regidurías.
Son los municipios más grandes, como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Rio Bravo, Mante, Tampico, Madero y Altamira, donde el número de regidurías tiene que acotarse a un tope de 15 en el momento en que la reforma constitucional sea texto vigente, aseveró.
Por consecuencia, corresponderá al Congreso local, a través de la reforma a la Constitución del Estado, el Código Municipal y a la propia ley electoral, definir ahora de esos 15 regidores, cuántos corresponden a mayoría relativa y cuántos corresponden a representación proporcional, indicó Ramos Charre.
Señaló que ese sistema no cambia como tal, es decir, en que la representación proporcional se siga dando en los ayuntamientos a través de las regidurías que no ganan en este caso la planilla de mayoría relativa.
¿En qué proporción va a quedar? Eso no lo dice el plan B, en todo caso será una atribución de las entidades federativas, desdoblar en la Constitución y en otras leyes, cuántos de esos 15 serán de mayoría y cuántos serán de representación proporcional, apuntó.
“Y no solamente eso, sino también que el tope de 15, es para los municipios que rebasan determinado número de habitantes, pero que con los casi 29, que tienen una cantidad mucho menor de habitantes”, convino.